El Contralor General de la República, Nelson Shack, propuso impulsar la paridad de género y la meritocracia en el concurso público que se realice para seleccionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que reemplazará al desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura.

Esta propuesta la anunció en la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso donde se viene realizando el debate del proyecto de Ley N° 3745/ 2018- PE "Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia".

Como se conoce los integrantes de la Junta Nacional de Justicia serán próximamente elegidos por una comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo y compuesta por los titulares de la Contraloría General de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, así como dos representantes de universidades públicas y privadas.  

Durante su intervención el Contralor General hizo énfasis que el proyecto de ley debiera contemplar, también, la participación igualitaria y/o alternada de hombres y mujeres que aspiren formar parte de esta importante institución que tendrá la tarea de elegir, ratificar y remover a quienes ejercerán y ejercen justicia en nuestro país.

“Garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres profesionales que pretendan integrar la Junta Nacional de Justicia le dará mayor transparencia y apertura al proceso; por eso planteamos asegurar que sea el mismo número de hombres y mujeres el que califique a la última etapa del concurso público, y que sea finalmente la meritocracia la que determine quiénes deben ser los miembros de la junta”, puntualizó Shack Yalta.

Por otro lado, explicó que las etapas del proceso de selección de quienes integren la Junta Nacional de Justicia, deberían ser cancelatorias.  “El proceso de selección debe considerar tres etapas cancelatorias:  la primera, de evaluación de conocimientos, así como también evaluación psicológica y psicotécnica; la segunda, la evaluación curricular; y la tercera etapa, la entrevista personal de los candidatos en la que se plantearán casos prácticos sobre dilemas vinculados a la ética profesional”, anotó.

Al mismo tiempo recalcó que los aspirantes deben pasar exámenes psicológicos, pruebas de confianza y presentar sus Declaraciones Juradas de Intereses. En esa línea hizo énfasis en que la norma debe garantizar que personas íntegras e intachables, con destacada experiencia y conocimientos, formen parte de la Junta Nacional de Justicia.

Refirió, en ese sentido, que la Contraloría General de la República ya puso en práctica este modelo de evaluación con más de mil profesionales que postularon a diversas plazas en la entidad superior de control en un reciente proceso de selección.                                                                                      

Idoneidad de participantes
Más adelante dijo que “desde la Contraloría nos planteamos algunas inquietudes, particularmente sobre la idoneidad de los aspirantes, para asegurar que procesados o sentenciados por agresión sexual u otro delito, con una clara evidencia de desbalance patrimonial, que no paguen impuestos, pensión de alimentos o con sanción administrativa de la Contraloría General, no terminen siendo elegidos miembros de la Junta Nacional”.

En ese sentido recomendó que estos aspectos también sean considerados en el proyecto de ley a efectos de garantizar la participación y selección de profesionales íntegros.

Ampliación de plazos
Por otro lado, en relación al plazo de suspensión de las actividades del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), aprobado por la Ley N° 30833 y que vencerá a fines de abril, el Contralor General expresó la necesidad de evaluar que dicho plazo se amplié, para asegurar que la Comisión Especial de la cual forma parte, pueda llevar a cabo un proceso adecuado y de manera responsable la selección de los miembros de la JNJ.

En el mismo sentido, indico la necesidad que se mantenga vigente el artículo 6° de dicha ley, mediante la cual se faculta a la Contraloría General de la República a realizar incautaciones como medidas preventivas para salvaguardar el desarrollo del control gubernamental.

En la referida sesión extraordinaria, participaron también el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, el Ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y el Fiscal Supremo Adjunto del Ministerio Público, Javier Gonzalo Luna García.