Con un índice de informalidad superior al 70%, las causas de este problema
parecen ser cada vez más claras: la excesiva burocracia estatal. Un estudio de
Mibanco reveló que el 88% de los empresarios informales quiere formalizarse,
pero la mayoría no da este gran salto debido al alto costo y complejidad que
implica este proceso.
Donde la burocracia es ley, la
informalidad es costumbre. Así lo evidenció el estudio Radiografía de la
Informalidad en el Perú, elaborado por Mibanco, Ipsos y Credicorp, donde el 58%
de los negocios informales evitan pagar impuestos por los altos costos
operativos que éstos representan, más no para evadir responsabilidades.
Recordemos que las microempresas representan el 94.2% del sector empresarial,
sin embargo, solo el 91.3% opera informalmente.
Si bien el 88% de los empresarios
informales quiere formalizarse, debido a que reconocer que así mejorarían su
reputación y tendrían acceso a mejores créditos, lo cierto que el 64% considera
que dar este gran salto a la formalidad es costoso, mientras que el 60%
denuncia que los trámites son sumamente complejos.
A esto se suma el temor a la
fiscalización excesiva. Un Estado sobre controlador que solo asfixia a los
formales con innumerables inspecciones y papeleo, evita que cada vez más emprendedores
intenten formalizarse. Según este estudio, un 6% de emprendedores prefiere
evitar fiscalizaciones al permanecer en la informalidad.
La economista y directora de la
Asociación de Contribuyentes del Perú, Camila Costa, aseguró que “la
informalidad es una respuesta racional frente a un sistema adverso e
insostenible. Esta es una estrategia de supervivencia frente a los altos costos
y la complejidad de la formalización, debido a que el costo de la formalidad es
desproporcionado. El Estado no te da beneficios que justifiquen lo que pagas”.
Los altos niveles de informalidad en
Perú son consecuencia directa de la excesiva carga burocrática y la falta de
políticas públicas enfocadas en impulsar la formalización de empresarios de
diversos sectores. Sin incentivos, las MIPYMES continuarán enfrentando una
carga burocrática que las ahoga.
Ante ello, la especialista sugirió que
una solución viable no es imponer más sanciones para los que incumplen el marco
regulatorio, sino que la clave es crear un entorno más amigable para el
empresariado: simplificar procesos, reducir costos y ofrecer incentivos claros.
“El Estado debe enfocarse en acompañar a las MIPYMES, brindándoles herramientas
y apoyo para que la formalización sea una opción viable, no un lujo inalcanzable.
Hasta que esto ocurra, las empresas seguirán siendo el motor invisible del
país, resistiendo un sistema que debería apoyarlas en lugar de ahogarlas”,
sentenció.
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