El Gobierno y el ministro de Energía y Minas decidieron, mediante un decreto supremo, exonerar temporalmente a las refinerías del cumplimiento de las reglas de juego mínimas previstas en la regulación. La única beneficiada fue la Refinería de Talara, que se incendió.

La mañana del viernes 22 de septiembre se registró un incendio en la Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC), una de las instalaciones recientemente inauguradas de la Refinería Talara, ubicado en Piura. Para Petroperu fue un incendio menor, pero revela un importante detalle. ¿Sabía, estimado contribuyente, que la Refinería de Talara inició operaciones sin tener todos los permisos necesarios?

 

Así como lo lee, el Ejecutivo y el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, promulgaron el 14 de febrero de este año el decreto supremo 003-2023, donde se dicta medidas para asegurar la operación de instalaciones de refinación y procesamiento de hidrocarburos para optimizar la seguridad energética.

 

En el artículo 1 del decreto se detalla que “los titulares a cargo de las instalaciones de refinación o de procesamiento de hidrocarburos que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, se encuentran en proceso de puesta en marcha, pueden operar tales instalaciones hasta por un plazo máximo de dieciocho (18) meses, contado desde la vigencia de la presente norma”. ¿Cuál era la única refinería en proceso de puesta en marcha? Sí, la Refinería de Talara.

 

Tras conocer del hecho, Eduardo Ramos, abogado del estudio MOAR, advirtió en una publicación que la refinería no contaría “ni con el Estudio de Riesgos, ni Plan de Contingencias, ni el informe técnico, ni Registro emitido por Osinergmin, que son reglas mínimas de operación (…) En otras palabras, se encuentra en una situación excepcional de operación, de cuestionable legalidad”.

 

“El Gobierno decidió exonerar temporalmente a las refinerías (aunque concretamente se refería a Petroperú) del cumplimiento de las ‘reglas de juego mínimas’ previstas para todo agente público y privado en la regulación. De tal manera, se exoneró a la refinería de la obtención de los permisos (entre ellos los de Osinergmin), permitiéndole operar temporalmente por 18 meses mientras los obtiene”, remarcó Ramos.

 

En ese contexto, Gestión consultó al ministro Vera sobre su decisión y aseguró que el objetivo del decreto era dar tiempo a Osinergmin para que se prepare, porque en el Perú no existen técnicos que puedan evaluar un proyecto de tanta complejidad como la nueva refinería de Talara.

 

El incendio en la refinería, que seguramente le costará millones a los peruanos, y la situación financiera por la que atraviesa Petroperú a causa de su pésima gestión, que generó millones de soles en pérdidas para los contribuyentes, pone en cuestionamiento si es necesario continuar o no avalando a la empresa estatal.