En medio de la majestuosidad de Machu Picchu, el motor económico del Cusco, existe una cruda realidad: la venta irregular de entradas, un oscuro juego que ha afectado tanto a turistas como a la reputación del icónico sitio arqueológico. A pesar que se intentó tercerizar la venta de entradas, las mafias con el apoyo de políticos de izquierda, aseguran que se quiere privatizar la maravilla del mundo, pero no dan soluciones.
El turismo es el
motor económico del Cusco y tiene como principal atractivo a la ciudadela de
Machu Picchu. A pesar de la belleza de ser una de las 7 maravillas del mundo y
de la necesidad de promover y fortalecer la cadena de beneficios en favor de
los cuzqueños, un grupo de inescrupulosos buscaron sacarle beneficios
irregulares a la venta de entradas, revendiendo y cobrando sumas exorbitantes a
los turistas, es decir, estafando a los visitantes nacionales y extranjeros.
Ante esta situación, se habilitó la compra de boletos
mediante una plataforma institucional fiscalizada por la Dirección
Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco. No obstante, la mayoría de turistas
no lograba adquirir sus entradas por ese medio debido a que las agencias de
viaje acaparaban los tickets disponibles para ofrecerlos con paquetes
turísticos añadidos. En ese contexto, una de las responsables de la crisis en
Cusco es la extitular de Ministerio de Cultura (Mincul), Betssy Chávez, pues
fue bajo su gestión que dispuso que 1,000 entradas a la ciudadela inca se
vendan de manera presencial en la comunidad de Aguas Calientes, conocida como,
Machu Picchu Pueblo. Su decisión solo generó problemas y empoderó a las mafias
bajo el pretexto de ayudar a los comerciantes de la zona.
La data es preocupante, se estima que estas agencias
ganan hasta S/60,000 por día, mientras que el Ministerio reportó alrededor de
80,000 ingresos fantasma al centro arqueológico y ganancias no transparentadas
al Estado por hasta S/12 millones en 2023.
Debido a las irregularidades en el proceso de venta y lo
difícil que es para los turistas visitar el atractivo turístico, el número de
visitas a Machu Picchu disminuyó a lo largo de los años. Entre enero y
noviembre de 2023, el Mincul reportó 872,000 visitantes, un -12.8% menos
turistas que el similar periodo del año anterior, A este paso, será difícil
retornar a los niveles prepandemia cuando más de 1,585,300 personas ingresaban
al santuario.
MACHU PICCHU: CIUDAD
SITIADA
La viceministra de turismo, Madeleine Burns, aseveró que
los manifestantes han secuestrado la ciudad de Machu Picchu, pues
están bloqueando las principales vías de acceso al santuario. Según lo
mencionado por la funcionaria, la ruta Amazónica y el Camino Inca se mantienen
habilitadas para que los turistas lleguen hacia Machu Picchu, no obstante, los
protestantes anunciaron que tomarán la primera vía en los próximos
días como medida de protesta, lo cual configura un delito.
“Todo el esfuerzo hecho por el Estado y el sector privado
para recuperar y reactivar el turismo lo estamos echando por la borda por
intereses políticos y personales. Las pretenciones son imposibles de
cumplir (…) Estamos ofreciendo una imagen de desorden ante un mundo que es
cada vez más competitivo”, añadió.
TERCERIZAR NO ES
IGUAL QUE PRIVATIZAR
Tras hacerse evidente esta situación, el Mincul decidió
tercerizar la venta de entradas a través de la plataforma privada Joinnus.
Sin embargo, al ver sus intereses en riesgo, un pequeño grupo de personas
ligadas a estas mafias iniciaron protestas rechazando la decisión, pero la
realidad es que la finalidad de la medida era tener transparencia en la venta,
trazabilidad y precio justo.
Este escenario no fue desperdiciado por políticos de
izquierda como Verónika Mendoza o la organización Patria Roja, quienes
aprovecharon el contexto para asegurar que se busca privatizar a Machu Picchu.
Su presencia en el debate sobre la venta irregular de entradas a Machu Picchu
acentuó la crisis turística, pues en lugar de abordar eficazmente la situación
y promover soluciones reales, solo han exacerbado los problemas al politizar la
situación.
Patria Roja, partido comunista peruano, mostró su
respaldo a las protestas en contra de Joinnus y la ministra Leslie Urteaga bajo
el eslogan “No a la privatización de Machu Picchu”. No obstante, es importante
recordar que la tercerización de venta de boletos a través de Joinnus fue un
mecanismo adoptado para transparentar el número de ventas e ingresos a la
ciudadela, algo que era imposible de registrar cuando la DDC se encargaba del
portal virtual de venta de tickets.
Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, hizo lo propio
a través de sus redes sociales. La excandidata presidencial afirmó que “este
gobierno está promoviendo la destrucción de nuestro patrimonio cultural” al
permitir que Joinnus venda los boletos. Muy fiel a su estilo, aseguró que esta
es una estrategia de la gestión actual para “regalar” nuestra maravilla del
mundo a empresas privadas. Aparentemente, a la líder de izquierda no le importa
que venta de tickets continúe siendo irregular, con tal de evitar que empresas
privadas se alíen con el gobierno para intentar transparentar cuentas y evitar
que mafias timen a los miles de turistas que visitan el departamento.
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