La unidad minera Minera Poderosa continúa siendo el blanco de violentos ataques perpetrados por mineros ilegales que intentan ocupar el espacio concesionado por la empresa para seguir explotando oro. Esto refleja que las medidas impuestas por el gobierno en el marco del Estado de Emergencia no surten el efecto deseado. Recordemos que, según el IPE, el el 45% del oro ilegal en latinoamérica proviene del Perú.

La unidad minera Minera Poderosa continúa siendo el blanco de violentos ataques perpetrados por mineros ilegales que intentan ocupar el espacio concesionado por la empresa para seguir explotando oro. Para frenar esta situación, el gobierno declaró en Estado de Emergencia por 30 días a la provincia de Pataz, en La Libertad, mediante el Decreto Supremo 002-2024-PCM. Sin embargo, ante los constantes atentados, se tomó la decisión de prorrogar la medida en repetidas ocasiones, siendo la última vez en julio.

Pese a las restricciones impuestas por el Estado, donde le cedían la supervisión y control del órden público a la policía y Fuerzas Armadas, los violentos ataques continuaron e, incluso, se cobraron la vida de decenas de mineros. El más reciente registrado fue el jueves 11 de julio de 2023, fecha en la que un grupo de delincuentes armados ingresó al Nivel 2820 de Minera Poderosa. Los mineros ilegales bloquearon las conexiones, impidiendo el ingreso del personal de la empresa y sus contratistas. Esto, a su vez, impidió que se ejecuten las acciones de inversión y normalización de las operaciones de la unidad.

A pesar del estado de emergencia y los esfuerzos por controlar la minería ilegal, continúa el traslado de volquetes con mineral extraído ilegalmente del yacimiento. Esto refleja que las medidas impuestas por el gobierno no surten el efecto deseado. Además, la permisibilidad del Congreso al permitir que los mineros informales e ilegales continúen inscribiéndose en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) complica los esfuerzos por controlar esta actividad ilícita.

Recordemos que el Parlamento presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto Legislativo 1607 con el objetivo de ampliar el plazo de inscripción al REINFO, pese a que gremios como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), Asociación de Exportadores (ADEX), el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP) y la Confederación de Empresas Comunales advirtieron que la iniciativa no contribuye en la formalización del sector, debido a que permite que estas prácticas ilegales continúen devastando los ecosistemas y robándole importantes recursos económicos al país.

Además, un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), reveló que, en 2023, del total del oro que exportan los países de la región latinoamericana, el 45% sale del Perú, seguido Brasil (18%), Colombia (17%), Bolivia (13%) y  Ecuador (7%). En el caso particular del Perú, del total del oro exportado, el 44% sale a través de canales ilegales, siendo el que más contribuye con la venta internacional de este recurso.

Si a esto le sumamos que el 40% de la producción anual de oro pertenece a los mineros no formales, quiere decir que este sector ilegal se beneficia con US$4 mil millones anuales, los cuales no ingresan a las arcas públicas. La Unidad de Inteligencia Financiera, de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), detalló que la minería ilegal movió, entre 2020 y noviembre del 2023, alrededor de US $2,392.5 millones. Esta actividad le genera pérdidas al Perú por más de S/22,700 millones al año, un – 2.5% a favor del PBI.