Carlos Álvarez entra a la carrera presidencial desde el entretenimiento: sin cargos de elección popular, sin experiencia en gestión pública consignada y sin formación universitaria registrada, pero con décadas de exposición mediática por sátira e imitación de políticos. Su posicionamiento se apoya en un discurso de mano dura frente al crimen. En su hoja de vida no aparecen sentencias penales firmes ni sentencias civiles por obligaciones o violencia familiar. No obstante, se reportó que existe una condena judicial por peculado que no ha sido declarada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Lo cierto es que Álvarez quedó absuelto de la condena, por lo que no está obligado a registrar esa sentencia ante el JNE.

 

El plan escrito de País para Todos ordena su propuesta en tres ejes: seguridad ciudadana, reforma del Estado y disciplina fiscal; y suma un bloque económico orientado a inversión privada, formalización y recaudación sin subir impuestos.

Llama la atención que existan diferencias entre la campaña y el Plan de gobierno. La campaña ha girado sobre seguridad con frases como “al carajo los derechos humanos” dirigida a delincuentes y con respaldo a la pena de muerte: “aquellos asesinos deben ir al paredón y ser fusilados a través de la pena de muerte”. El plan de gobierno condiciona medidas a cambios legales y a denunciar el Pacto de San José para posteriormente retirarse. Sin embargo, la pena de muerte no aparece en el texto del plan, el enfoque formal de seguridad es más operacional.

Seguridad ciudadana. El plan propone reducir la violencia y los homicidios con intervenciones focalizadas; y combatir la extorsión atacando sus finanzas y su control territorial. Propone articular Policía, Fiscalía y Poder Judicial, e impulsar una reforma policial basada en rediseño organizacional, fortalecimiento de la carrera, meritocracia y especialización. En el frente penitenciario, promete neutralizar el mando de líderes criminales con regímenes de máxima seguridad, bloqueo de telefonía móvil, cierre de canales de comunicación ilícita desde cárceles, control de ingresos y traslados, e inteligencia penitenciaria para cortar órdenes, cobros y coordinación externa.

Reforma del Estado. La propuesta de País para Todos presenta la digitalización como herramienta para simplificar trámites, reducir tiempos y costos de cumplimiento y, a la vez, elevar la capacidad de control y fiscalización. El plan lo conecta con transparencia, rendición de cuentas y destrabe de inversión bajo control.

Disciplina fiscal. Propone cerrar el caño al gasto sin financiamiento y eliminar la iniciativa de gasto del Congreso, apuntando a leyes que crean obligaciones sin fuente de recursos. Para respaldarlo, plantea un marco macrofiscal vinculante 2026–2030 que permita tener transparencia y coherencia en el gasto. También anuncia un “presupuesto con trazabilidad” para alinear lo aprobado con lo ejecutado y detectar desvíos tempranos. El plan enfatiza que la disciplina fiscal debe ser una regla y con una autoridad que sancione los incumplimientos.

Tributación. Evitará subir tasas y apuesta por ampliar base con trazabilidad y cruces de información: masificar factura y boleta electrónica, integrar comprobantes con billeteras y POS, y cruzar datos entre Sunat, municipalidades, Sunarp y SBS. Además, propone revisar gastos tributarios y eliminar exoneraciones ineficientes con metas verificables y fecha de caducidad. La apuesta técnica es clara: aumentar control sin elevar fricción, porque si cumplir se vuelve caro o lento, el incentivo será quedarse informal o fragmentar operaciones. Por eso el plan depende de que el control se acompañe de simplificación real y costos de cumplimiento bajos.

La formalización. Se concentra en micro y pequeñas empresas, con un “régimen MYPE único, simple y sin saltos”, transición gradual y acompañamiento antes que sanción. La interoperabilidad del Estado se plantea como el mecanismo para reducir vueltas y fricciones, buscando que formalizar no sea un salto abrupto.

Inversión privada. El plan prioriza destrabar la inversión y elevar la productividad. Propone una “Agenda de inversión privada 2030” basada en certidumbre jurídica, estabilidad regulatoria y simplificación de permisos, con mesas ejecutivas por sectores y una ventanilla única territorial coordinada con ProInversión y gobiernos regionales. No se especifica algún proyecto de importancia nacional.

Empresas públicas. Con Petroperú como caso emblemático, plantea disciplina fiscal: directorios profesionales, metas verificables, auditorías independientes y “cero rescates automáticos”, con cualquier apoyo condicionado a reestructuración y resultados medibles. La idea es que no haya salvatajes por inercia: si se ayuda, se hace con condiciones, plazos y métricas; si no se cumple, se corrige o se corta. Aunque Carlos Álvarez sostiene “creer en las empresas estatales rentables”, Petroperú hace años dejó de ser rentable y se convirtió en una inseguridad para el país.

 

El plan de País para Todos muestra orden macro y aciertos puntuales: no subir impuestos, reforzar la disciplina fiscal y condicionar rescates a empresas públicas es positivo. Sin embargo, la propuesta se queda corta en lo central: reducir efectivamente el tamaño y el costo del Estado. La apuesta por mayor control tributario y trazabilidad, sin una baja clara y medible de trámites, costos laborales y regulación, puede profundizar la informalidad. Sería interesante que se detalle la agenda de proyectos de inversión que puedan mover la aguja del PBI. Buen diagnóstico, pero poca ambición reformista para liberar inversión y crecimiento sostenido.