La ley de masificación de gas natural no fue promulgada debido a la observación del Ejecutivo. Si el próximo 8 de agosto, inicio de la Segunda Legislatura, no se aprueba por insistencia la medida, decenas de negocios locales y familias no podrán acceder a este recurso a un módico precio. ¿Será capaz Eduardo Salhuana, el nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso, de impulsar la promulgación por insistencia de la norma?

Pese a su aprobación con 103 votos a favor en el Pleno del Congreso, la ley de masificación de gas natural no fue promulgada debido a la observación del Ejecutivo. Si en el inicio de la Segunda Legislatura, el 8 de agosto de 2024, no se promulga por insistencia la medida, esto impedirá que negocios locales y familias en regiones aún no cuenten con un óptimo servicio de gas natural y, además, le abre paso a un monopolio antinatural que intentaría beneficiar a Cálidda, una empresa que no solo distribuye este recurso en Lima y Callao, sino que sus dos compañías accionista, Promigas y Grupo Energía Bogotá, ya cuentan con presencia en el mercado del gas natural en Ica, Piura, Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca.

Recordemos que el mismo día que el Ejecutivo observó la ley, Cálidda presentó una adenda donde solicitaba ampliar su participación en Junín, Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Huancavelica y extender su concesión en Lima y Callao por 10 años. Es decir, solo estas tres empresas concentrarían un total de 15 regiones si el Parlamento sede ante el pedido de no promulgar la ley.

El Ministerio de Energía y Minas, presidido en ese momento por el cuestionado Óscar Vera, solicitó que el documento se modifique con el objetivo de ampliar el número de benefactores del subsidio de gas natural en regiones. Cabe precisar que la autógrafa aprobada en el Parlamento planteaba que cualquiera que utilice menos de 50,000m3 de gas al mes (3,600 balones de gas al mes) podía acceder a este beneficio, sin embargo, se intentó subir el tope a 900,000m3.

Ante esta situación surge la siguiente pregunta: ¿será capaz Eduardo Salhuana, el nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso, de impulsar la promulgación por insistencia de esta medida que beneficiará a miles de familias y empresas regionales o acaso este congresista apoyará a las empresas privadas que buscan beneficiarse con la distribución del gas natural a nivel nacional a pesar de que sea una práctica inconstitucional y desaliente la inversión privada y libre competencia?

Eduardo Salhuana tiene nexos con actividades informales e ilegales como la minería en Madre de Dios, región a la que representa. Estos vínculos nacen desde las reuniones que el legislador sostuvo con mineros ilegales y la presentación de 2 proyectos de ley formulados con el objetivo de favorecer a estos grupos de poder que se aprovechan de la extracción de minerales sin la autorización del Estado.

Es necesario hacer hincapié en que la minería ilegal no solo genera pérdidas por S/22,700 millones al año, un -2.5% a favor del PBI, sino que también se enriquece con US$4 mil millones anuales que no se transfieren al Estado a través de canon minero ni regalías. Además, según la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), esta actividad ilegal logró mover por canales ilegales alrededor de US $2,392.5 millones entre 2020 y noviembre del 2023.