El Congreso aprobó las facultades legislativas a favor del Poder Ejecutivo, el cual contaba entre sus propuestas la creación de un nuevo impuesto para gravar el IGV a las plataformas de streaming y servicios similares. Para el presidente de la Asociación de Contribuyentes de Perú (ACP), esto genera “una dinámica mercantilista".
El Congreso aprobó las facultades
legislativas a favor del Poder Ejecutivo, el cual contaba entre sus propuestas
la creación de un nuevo impuesto para gravar el IGV a las plataformas de
streaming y servicios similares. El popularmente conocido como “impuesto
netflix” se aplicará a partir de octubre de este año y, según la opinión de
expertos afectará seriamente el bolsillo de los contribuyentes.
Tras su aplicación, los usuarios de Netflix
pagarán un 18% más a su tarifa base e, incluso, se podría sumar el costo de la
transacción bancaria que aplican las entidades financieras. Si un cliente de
esta plataforma de streaming hoy paga S/44.90 por la tarifa premium, en unos
meses tendrá que pagar S/52.98. Lo mismo ocurrirá en plataformas como Disney+,
Max, Spotify, Prime Video, Airbnb, entre otros.
Pero esto no es lo único, sino que plataformas de
almacenamiento de datos como Google Drive y Dropbox también serán más caras. El
incremento del precio también será percibido por los usuarios suscritos a un
diario o revista, servicios de conferencias remotas (zoom, meet, etc) y
servicios adicionales que puedan ofrecer redes sociales.
Para el presidente de la Asociación de
Contribuyentes de Perú (ACP), esto genera “una dinámica mercantilista en la que
perdemos las familias, los jóvenes, y los peruanos que hoy la pasamos mal y
queremos tener un espacio de entretenimiento y diversión sin que el Estado nos
meta la mano al bolsillo”.
Asimismo, el experto calificó la
decisión del Parlamento es inaceptable, debido a que propuestas como éstas
permiten que el “Estado nos vuelve esclavos de un intermediario cuando
justamente el mundo digital ha nacido para que seamos libres de acceder
directamente a un producto sin intermediarios corporativos cómplices del
Estado. Mientras tanto, ese mismo Estado tiene miles de obras paralizadas,
incrementa sus sueldos y sus contrataciones, no invierte suficientemente en
infraestructura como colegios y hospitales, aún así están nos quiere quitar el
dinero de nuestras manos”.
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