Un análisis de la Asociación de Contribuyentes reveló que el Ministerio de Infraestructura le costaría a los contribuyentes S/169 millones adicionales para gastos administrativos. Expertos sugieren que, en lugar de crear nuevos ministerios, el Estado debería reducir la excesiva burocracia y generar un entorno próspero para atraer la inversión privada.

El Ejecutivo anunció la creación del Ministerio de Infraestructura de cara a 2025. Sin embargo, esta propuesta fue duramente cuestionada por expertos, debido a que únicamente representa una expansión innecesaria del Estado, lo que se traduce en mayor burocracia y gasto en planilla. Un informe de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) reveló que la creación de esta cartera representaría un costo administrativo adicional de aproximadamente S/169 millones anuales para los contribuyentes, monto que excluye los costos operativos derivados de la gestión de programas y proyectos de infraestructura.

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la creación indiscriminada de ministerios sin un sustento técnico genera cambios innecesarios en la estructura de la administración pública, hecho que refleja falta de planificación y, a su vez, genera costos significativos sin aportar valor real. A esto se suma que el nuevo Ministerio de Infraestructura generaría duplicidad de funciones, debido a que absorbería tareas que ya llevan a cabo entidades como Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) o Agro Rural, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

De acuerdo con la economista principal de ACP, Camila Costa, la creación de esta cartera también es sinónimo de fragmentación del sistema de infraestructura en el país, debido a que no se conoce qué relación tendría el Ministerio de Infraestructura con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual se encarga de la asignación presupuestaria para proyectos de inversión. “Sin una coordinación efectiva entre el nuevo ministerio y el MEF, existe un alto riesgo de que las decisiones de inversión se politicen, lo que podría llevar a una asignación ineficiente de los recursos y a la perpetuación de problemas estructurales en la ejecución de obras públicas”, sentenció.

En la misma línea, la experta señaló que “la creación de un nuevo ministerio podría desviar la atención de las reformas estructurales necesarias para mejorar la gestión de la infraestructura pública en el Perú”. Por ello, sugiere que, en lugar de seguir expandiendo el aparato estatal, la solución más eficiente para cerrar la brecha de infraestructura en el Perú radica en la simplificación de los trámites administrativos y en la promoción de la inversión privada. Es decir, menos burocracia y mayor apertura para atraer fondos de inversión de la empresa privada para la ejecución de proyectos públicos.

“La excesiva intervención estatal ha demostrado ser ineficaz para resolver los problemas de infraestructura; por el contrario, ha creado un entorno cada vez más complicado para los inversionistas”, culminó.