Un sector económico no contó el verdadero interés de su propuesta sobre la masificación del gas y buscó traerse abajo la Ley de Masificación. Sin embargo, la noticia positiva es que la Ley se aprobó por insistencia en la Comisión de Energía y Minas y quedó lista para que el Pleno la apruebe. El presidente de la Asociación de Contribuyentes, José Ignacio Beteta, exhortó a que “la masificación del gas se realice en libre competencia y no con monopolios”.

La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó por insistencia el dictamen de la Ley de Masificación de gas natural que fue observada de manera cuestionable por el Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para, presuntamente, favorecer intereses particulares de empresas privadas de capital colombiano que buscan monopolizar el comercio de este recurso en nuestro país.

 

Ahora, el Pleno del Congreso tiene el deber de aprobar por insistencia dicha ley, dado que en el grupo de trabajo se explicó con detalle lo que sucederá de no concretarse. El presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, explicó que si el Estado admite este monopolio anticonstitucional en regiones y que el subsidio de tarifas de gas natural incluya a los grandes comercios nacionales, se estaría retrocediendo frente a la reducción de brechas sociales.

 

“Esta Ley es una Ley de subsidios y promoción social. La Ley no fomenta la inversión o la sostenibilidad de los concesionarios, para eso se generan otros incentivos económicos o políticas públicas vinculadas a temas financieros. Pero esta es una Ley que promueve el uso de recursos (a favor de los contribuyentes)”, señaló.

 

LO QUE NO QUIEREN QUE SEPAS

 

Detrás de los intereses de la masificación de gas está Cálidda y las dos empresas que la conforman: Grupo Energía Bogotá y Promigas. El mismo día que el Ejecutivo observó la ley, la empresa presentó una adenda donde solicitaba su participación en el mercado del gas natural en Junín, Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Huancavelica y extender su concesión en Lima y Callao por 10 años. Si se hubiese aprobado su solicitud, se estaría abriendo paso a un monopolio antinatural, debido a que las empresas que conforman Cálidda ya comercializan este recurso en Lima, Callao, Ica, Piura, Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca. Es decir, ambas firmas colombianas tendrían bajo su poder 15 regiones.

 

Un dato revelador es que las conexiones de gas natural en regiones se concretaron con dinero del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), el cual logró, en 2023, financiar más de 300,000 redes de energía en el país gracias, en parte, a que se excluían del subsidio a las industrias que utilicen más de 3,700 balones de gas al día. El subsidio incluye el 99,98% de los usuarios de todas las regiones.

 

Sin importar esta cifra, Cálidda y del Minem habrían promovido otra jugada cuestionable, pues buscaron anexar al subsidio a las grandes empresas que usan más de 90,000 m3 de gas natural al mes argumentando falazmente que permitiría que los concesionarios cuenten con suficientes fondos para invertir en más redes y conexiones. Un argumento poco sólido, porque el FISE es capaz de ejecutar redes mucho más rápido que estas empresas privadas sin restar competitividad a otras empresas del sector. Además, si se sube el tope como requieren, los dos concesionarios asociados van a ganar más dinero, no compitiendo, sino sacándole dinero al FISE, dinero que deber servir para los hogares y negocios más pequeños.  Esa es la parte de la historia que las empresas interesadas no dan a conocer.

 

“Si nosotros le damos el subsidio a las empresas grandes, va a ocurrir una distorsión de la Ley. La masificación del gas se debe hacer en libre competencia, no con un monopolio; favoreciendo a los más pequeños, no a los más grandes, y usando el dinero de los contribuyentes de la manera correcta para el beneficio de todos los peruanos, no de algunos pocos. Si la ley de masificación se aprueba mañana por insistencia, se empezará la verdadera masificación del gas natural en el Perú con transparencia, con competencia y sin monopolios ni desperdicio de recursos”, agregó Beteta.