El mecanismo de extinción de dominio fue creado para golpear al crimen organizado, incautando bienes de origen sospechoso. Pero su aplicación ha generado cuestionamientos por vulnerar derechos fundamentales y abrir la puerta a posibles abusos.

 

La extinción de dominio fue presentada como un mecanismo para golpear donde más duele al crimen organizado: el bolsillo. Desde 2018, con el Decreto Legislativo 1373, el Estado puede incautar bienes presuntamente adquiridos o utilizados de forma ilícita, sin necesidad de una condena penal firme contra sus propietarios. En el papel, se trataba de un paso clave contra la corrupción, el narcotráfico y otros delitos graves. En la práctica, ha abierto una peligrosa puerta a la arbitrariedad.

 

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de encender las alarmas. Vigilante.pe revisó una reciente sentencia que declaró inconstitucionales varios artículos de la norma, advirtiendo que la confiscación de bienes sin sentencia firme vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. La Defensoría del Pueblo también alertó que la norma podría convertirse en un arma peligrosa contra ciudadanos y empresas sin pruebas concluyentes de culpabilidad.

 

¿La persecución disfrazada de justicia?

 

Un caso preocupante es el de la empresa TAMSHI, instalada en Loreto y dedicada desde hace más de una década a la producción de cacao. Sus terrenos fueron clasificados como agrícolas por el propio Estado en 1997. Sin embargo, desde hace más de 10 años es blanco de la ONG Kené, liderada por la ambientalista Lucila Pautrat, que exige aplicar la extinción de dominio contra la compañía bajo acusaciones de presuntos delitos ambientales.

 

Pese a que la compañía fue absuelta en diversas instancias judiciales por acusaciones de tala ilegal, deforestación y tráfico de madera —con sentencias ratificadas por la Corte Suprema en 2022—, la Fiscalía de Extinción de Dominio presentó en octubre de 2023 una demanda para que el Estado se adjudique 88 predios rurales vinculados a sus operaciones en Tamshiyacu. El juzgado especializado de la Corte Superior de Justicia de Loreto admitió la demanda y el caso está actualmente en etapa de defensa.

 

La situación ha generado preocupación en la comunidad local. Agricultores, trabajadores y pobladores han organizado manifestaciones en respaldo a TAMSHI, destacando que la empresa es fuente de empleo e ingresos para unas 10 mil personas de la zona. Este caso muestra cómo una figura legal diseñada para cortar las finanzas del crimen puede terminar siendo usada en disputas ideológicas o políticas, dejando a las empresas expuestas a la pérdida arbitraria de su patrimonio.

 

Entre el crimen y la arbitrariedad

 

La paradoja es evidente. La extinción de dominio se creó para debilitar al crimen organizado y recuperar activos ilícitos, pero su diseño defectuoso permite que se utilice como una herramienta de presión contra personas y compañías que no han sido condenadas. En el mejor de los casos, genera trabas legales; en el peor, destruye proyectos productivos legítimos.

 

El reto es encontrar un punto medio. La lucha contra la delincuencia necesita instrumentos eficaces, pero no a costa de convertir al ciudadano común en una víctima más del sistema. La pregunta clave sigue en el aire: ¿será la extinción de dominio un arma contra el crimen o un nuevo mecanismo de abuso del poder estatal?