Además, en 2023, solo el 18% de los habitantes contaba con acceso a agua potable las 24 horas del día.

La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) identificó que, según la Sunass, la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) para La Libertad, Sedalib, se encuentra en el último puesto en dos indicadores clave: cobertura de agua potable y continuidad de servicio. 

En cuanto a cobertura de agua potable, la empresa abastece actualmente al 84.2% de hogares en la región, mientras que en continuidad solo garantiza 11 horas de servicio ininterrumpidas al día. Este desempeño se contrasta con otras entidades que aseguran este abastecimiento durante más tiempo (ver gráfico). Recordemos que, anualmente, la Sunass –organismo público regulador que fiscaliza la prestación de servicios de saneamiento–, compara la calidad del servicio de las EPS a nivel nacional.


Además de registrar un promedio de continuidad de servicio deficiente, el acceso al servicio no ha mejorado en los últimos años en línea con el crecimiento poblacional que la región ha experimentado. De hecho, mientras que, en 2019, el 27% de los hogares contaba con acceso a agua las 24 horas del día, en 2023 solo el 18% de los habitantes tuvo acceso al recurso.

“Contar con agua es esencial para garantizar el bienestar de los ciudadanos, además de ser un servicio indispensable para todas las actividades económicas, como el turismo o la agricultura, por lo que gestionar de manera responsable y sostenible los recursos hídricos debería ser una prioridad. En ese sentido, realizar este tipo de mediciones –que incluyen otras evaluaciones como presión del agua e incidencia de roturas– permiten conocer la calidad del servicio que se está ofreciendo y las problemáticas que requieren ser atendidas”, sostuvo Carlos León, economista de REDES.

A fin de enfrentar esta problemática, el experto resaltó que es necesario trabajar, de forma articulada, en el cumplimiento de cuatro objetivos fundamentales: 1) la gestión y monitoreo de indicadores de rendimiento, 2) optimización y mantenimiento de la infraestructura de distribución, 3) inversiones en tecnología y 4) la gestión eficiente del recurso hídrico. 

“El acceso a agua es un derecho fundamental de todo ciudadano y es deber del Estado peruano garantizar su provisión de forma equitativa, segura y sostenible. Se debe invertir en infraestructura eficiente, fortalecer el trabajo que desempeñan las EPS y supervisar la calidad del servicio. Solo a través de una gestión efectiva y responsable, podremos asegurar que cada hogar peruano, independientemente su ubicación, tenga acceso a agua potable, contribuyendo así al bienestar, la salud y el desarrollo social de nuestra nación”, concluyó León.