El Gobierno Regional de La Libertad hizo entrega de las primeras 350 resoluciones que acreditan a mineros artesanales como legales, esto se logró gracias al apoyo de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) que permitió se viabilice el proceso de formalización. Los beneficiados son provenientes de la comunidad campesina de Llacuabamba, ubicada en la provincia de Pataz, y trabajan en áreas pertenecientes a la mencionada empresa.

El primer acuerdo (entre la empresa y los comuneros) vigente desde el 2011 sostiene que los pobladores entregan a MARSA el derecho de superficie minera de 153 hectáreas de propiedad de Llacuabamba, mientras que el segundo contempla la realización de actividades de extracción minera por parte de los pobladores en áreas pertenecientes a la empresa, siempre que se cumplan con los permisos y autorizaciones medioambientales ,lo que no ocurre cuando se realiza el beneficio del mineral en forma ilegal, por el uso de mercurio o cianuro de sodio .

“Saludo a las empresas mineras que han apoyado el proceso de formalización, en este caso apoyó la empresa minera MARSA al firmar con ellos contratos de explotación. Con la formalización el minero consigue que por su mineral ya no le estén pagando un precio indebido ni estar vendiéndolo a escondidas a quien le ofrezca un sol, ahora el minero estando formalmente establecido y contando con todos sus papeles en regla puede vender su mineral en cualquier parte del país al precio en el que le ofrezcan mayores posibilidades de ingreso”, sostuvo el gerente de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad, Ricardo Sandoval Pozo.

“En MARSA, apoyamos el proceso de formalización minera que permite un trabajo digno para el poblador quien ve reflejado su esfuerzo en las mejores condiciones de vida para sus familias y el desarrollo de su comunidad todo ello teniendo como base el respeto al medioambiente”, sostuvo Augusto Eguiguren Praeli ,gerente de Gestión Humana de MARSA.

De esta manera, MARSA se alinea a las directrices planteadas por el Gobierno Central con respecto a la minería informal, a través de la puesta en marcha de herramientas de gestión capaces de vincular y ejecutar aspectos organizativos, técnicos, legales y ambientales, involucrando así a los actores de la cadena de valor, en este caso a los comuneros de la comunidad campesina de Llacuabamba.