·         Construcción de la vía nacional de 71 km se encuentra en su fase final y beneficiará a pobladores de Pucará, Chucuambo, San Felipe, Shimbuy, Calemar, Trigobamba, Condomarca y Bambamarca.

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA), ejecutó el mes pasado la supervisión de los avances de la construcción de la carretera Calemar-Abra El Naranjillo en la región La Libertad con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

Esta vía nacional que beneficiará a la población de las provincias de Bolívar y Sánchez Cerro se encuentra entre los 1100 y 3800 m.s.n.m. Tiene una longitud de 71 km con un ancho de calzada de 3.5 metros. Los trabajos se realizan a nivel subrasante e incluyen señalización y medidas de seguridad y el componente ambiental.

 

Con la apertura y construcción de este tramo carretero se integrará a los pobladores de Pucará, Chucuambo, San Felipe, Shimbuy, Calemar, Trigobamba, Condomarca y Bambamarca.

 

La DGA, en la actual gestión del ministro Juan Barranzuela, otorga mayor énfasis a las supervisiones físicas, directamente en campo, pues así se obtiene resultados reales del avance físico en la ejecución de todos los programas y subprogramas de los diferentes Planes de Manejo Ambiental de los Instrumentos de Gestión Ambiental de cada proyecto vial en carreteras y las diferentes obras en el país. Ello se hace con el fin de mitigar cualquier alteración o impacto ambiental negativo.

 

Cabe señalar que sobre el trabajo realizado en esta etapa de cierre de la obra, que está llegando a su fin, la contratista y supervisión deberán presentar su último informe. “Se obtuvieron buenos resultados, alcanzando las metas planificadas y propuestas en supervisión de obras viales-carreteras de la DGA MTC”, señaló Edward Escobar, director  de la DGA.

 

La Dirección de Gestión Ambiental continuará ejecutando en el 2022 la evaluación documentaria mensual, trimestral o semestral y la supervisión o inspección directa de todos los administrados (empresas contratistas, supervisoras y/o concesionarias) en las diferentes obras y proyectos viales, con la finalidad de garantizar el cumplimiento adecuado de los procesos ambientales.