Más de 93 mil millones se destinan a sostener al personal estatal y poco más de 50 mil a proyectos de infraestructura. ¿Esa es la prioridad de un país con déficit fiscal y servicios colapsados?

 

La semana pasada el Gobierno aprobó el Presupuesto Público para el 2026 por S/ 257 562 millones, un aumento de apenas 2,2% frente al año anterior. El Ejecutivo lo presenta como un esfuerzo por impulsar servicios e infraestructura, pero las cifras muestran otra prioridad: mientras el gasto en planillas, sueldos y beneficios sociales crece en 12%, los fondos para proyectos de inversión caen en 13%, según el análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú.

 

De ese total, más de 93 mil millones de soles se destinarán a mantener al personal del Estado. En contraste, poco más de 50 mil millones de soles se dirigirán a obras y proyectos públicos. Es decir, el doble de dinero irá a sostener el aparato estatal frente a lo que se invertirá en infraestructura nueva. ¿Dónde están realmente las prioridades del Gobierno?

 

El Ministerio de Economía y Finanzas y la Sunat sostienen que el país enfrenta un déficit fiscal porque la recaudación no alcanza. Sin embargo, esa explicación omite el peso creciente del gasto corriente: rescates millonarios a Petroperú, incrementos salariales, pensiones de hasta S/ 3 300 para maestros jubilados y beneficios sociales otorgados sin una verdadera reforma de la carrera pública. El Diario Gestión repite el libreto oficial: critica beneficios tributarios y pide nuevos impuestos, pero no cuestiona que el déficit también se alimenta de un gasto estatal cada vez más difícil de controlar.

 

La contradicción se agudiza con la reciente aprobación del reglamento de la nueva Ley de AFP. El MEF insiste en que busca reducir el déficit, pero en la práctica traslada al Estado el costo de cubrir pensiones que las AFP no podrán garantizar, especialmente de los trabajadores independientes que apenas ganan en promedio S/ 1 500 al mes. Las administradoras reciben un ingreso adicional mientras el Tesoro asume el riesgo y la cuenta final.

 

Así, el presupuesto 2026 no apunta a dinamizar la inversión pública ni a generar mayor crecimiento, sino a inflar la planilla estatal y sostener compromisos fiscales que debilitan las cuentas del país. Hay dinero, sí, pero el problema es cómo se gasta: en lugar de priorizar proyectos productivos, el Gobierno opta por engordar un aparato que no devuelve resultados en servicios de calidad.