La reforma del Sistema Integral Previsional obliga desde 2028 a los trabajadores independientes con rentas de cuarta categoría a contribuir al ONP o AFP con tasas crecientes. Expertos advierten que sin un rango de edad el aporte puede resultar en cargas fiscales mayores, precarizar el trabajo al desalentar la formalización y trasladar el costo de las pensiones al contribuyente.

 

 

La nueva reforma previsional, vigente desde la entrada en funcionamiento de su reglamento en septiembre de 2025, establece que los trabajadores independientes formales —quienes emiten recibos por honorarios (rentas de cuarta categoría)— deberán aportar obligatoriamente al ONP o al Sistema Privado de Pensiones (AFP). Uno de sus objetivos centrales es ampliar la cobertura del sistema y garantizar pensión mínima de S/ 600 para quienes acumulen 240 Unidades de Aporte (20 años de aportes continuos). ¿Pero a qué costo?

 

La cuota para los independientes sin excepción será creciente: 2 % de los ingresos en los primeros años (2028-2029), luego 3 % (2030-2031), después 4 % (2032-2033) y llegará a 5 % desde 2034. Sin embargo, la norma no fija ningún rango de edad para aportar. Eso significa que quien tenga 45 o 50 años se verá obligado a contribuir, pero con muy poco tiempo para acumular los años de aportes que exige la reforma para acceder a la pensión mínima.

 

La Asociación de Contribuyentes del Perú ha advertido que la medida podría tener efectos adversos en la ciudadanía. Plantea un caso ilustrativo: un independiente de 45 años que gana S/ 1,500 al mes y aporta durante 20 años a una AFP acumularía al final cerca de S/ 35,000. Ese monto, transformado en pensión, apenas llegaría a S/ 120 o S/ 150 mensuales. Según la reforma, la diferencia (hasta los S/ 600 garantizados) sería cubierta por el Estado. En la práctica, el trabajador terminaría pagando dos veces: primero con sus aportes a la AFP, que cobra comisión por administrar su dinero, y luego con sus impuestos, que financian el gasto fiscal adicional.

 

Además, los expertos sostienen que este diseño puede generar varias distorsiones:

 

●     Formalización costosa: para quienes están cerca de la jubilación, aportar obligatoriamente podría afectar sus ingresos inmediatos sin asegurar una pensión digna.

●     Carga fiscal creciente: el Estado está obligado a cubrir la diferencia cuando los aportes individuales no alcanzan para los S/ 600, lo que significa más gasto público sostenido con impuestos.

●     Incentivo involuntario a evitar formalizarse: algunos independientes podrían optar por no emitir recibos por honorarios o abandonar modalidades formales de trabajo para eludir los aportes obligatorios.

Incluso, aunque la reforma introduce la Unidad de Aporte (UdA) como medida mínima para acumular 240 aportes y así tener derecho a pensión mínima, el umbral de años sigue siendo alto para quienes ya tienen edad avanzada sin aportes o con aportes intermitentes.

 

En lugar de una inclusión previsional plena, advierten los analistas, esta medida corre el riesgo de consolidar un sistema en el que muchos cooperan sin beneficio real, mientras la rentabilidad de las AFP crece y la factura la pagan todos los contribuyentes. En tanto, el verdadero problema sigue intacto: el bajo nivel de ahorro previsional y la alta informalidad laboral en el Perú.