La falta de oportunidades y la presión social arrastran a jóvenes peruanos a dejar sus estudios a cambio de una promesa de dinero rápido en la minería ilegal.

 

La minería ilegal no solo destruye bosques y contamina los ríos amazónicos. También está dejando un daño silencioso en las aulas del país. En el último quinquenio, distintas organizaciones han alertado que cada vez más adolescentes abandonan el colegio para unirse a la extracción ilegal de oro en regiones donde la presencia del Estado es mínima y el dinero fácil pesa más que un cuaderno. Sin embargo, la deserción escolar vinculada a esta actividad aún no cuenta con una cifra oficial.

 

Un informe publicado en 2024, titulado “Minería Ilegal de Oro: impactos sobre los derechos humanos y la biodiversidad en la Amazonía” —elaborado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental junto a otras ocho organizaciones sudamericanas— reveló que, en los últimos quince años, la minería ilegal se ha expandido de manera exponencial en la selva peruana. El estudio señala que, solo en 2022, la región de Madre de Dios registró 1.088 operaciones de minería ilegal. En esa línea, la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales advirtió que más de 46 mil personas participaron el año pasado en la minería informal en dicha región, entre ellas numerosos adolescentes que abandonaron la escuela para trabajar en dichos campamentos mineros.

 

La escuela frente al oro: el costo del abandono

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estima que uno de cada tres niños, niñas y adolescentes que trabajan no asiste al colegio, aunque no precisa cuántos están vinculados directamente a la minería ilegal. En zonas mineras, sin embargo, la escuela compite con el oro: la pobreza familiar, la presión social y la cercanía de los campamentos ilegales empujan a cientos de adolescentes a abandonar sus estudios para trabajar.

 

En este contexto, la Defensoría del Pueblo advierte que la deserción escolar en comunidades mineras no solo es consecuencia de la pobreza, sino también de una economía ilegal que normaliza el trabajo adolescente como alternativa de subsistencia. Según la Red de Estudios para el Desarrollo, en regiones como Madre de Dios y La Libertad, muchos jóvenes dejan el colegio atraídos por ingresos que oscilan entre 2.500 y 7.000 soles mensuales, cifras muy superiores al salario mínimo.

 

La Organización Internacional del Trabajo también alerta que la minería artesanal y de pequeña escala emplea a menores en condiciones de alto riesgo físico y exposición a metales pesados, lo que interrumpe su educación y pone en peligro su salud. No obstante el impacto de esta economía ilegal no solo afecta a las aulas, sino también a las finanzas del país: se estima que la minería ilegal le cuesta al Perú más de 22 mil millones de soles al año, equivalentes al 2,5 % del PBI, recursos que podrían destinarse a educación, becas o infraestructura escolar.

 

Ante esta situación, se requiere implementar políticas multisectoriales que fortalezcan la educación rural, creen un registro interinstitucional de trabajo adolescente y abandono escolar, y mejoren la fiscalización de la minería ilegal. Sin cambios estructurales en educación, protección social y control estatal, miles de jóvenes seguirán perdiendo no solo su derecho a estudiar, sino también su futuro.