El exceso de burocracia, la sobreproducción de normas y el poder sancionador de entidades públicas siguen afectando a ciudadanos y empresas. Reducir el tamaño del Estado y limitar sus facultades puede ser clave para mejorar la calidad regulatoria del país.

 

 

A pesar de las continuas reformas anunciadas, el Estado peruano sigue creciendo donde no debería: más gerencias, más trámites y más poder sancionador. Pero la calidad regulatoria no avanza lo que impacta negativamente en el emprendimiento peruano. El resultado es el mismo de siempre: un aparato estatal que se expande, mientras los servicios y la claridad de las reglas no mejoran.

 

El problema es estructural. Existen entidades que repiten funciones, normas que se contradicen entre sí y autoridades que pueden sancionar sin límites. A esto se suma un punto clave: el Estado debe regular los mercados para promover la competencia, pero cuando las reglas se vuelven complejas, lentas o costosas, logran lo contrario. En vez de abrir el mercado, lo cierran. Las exigencias excesivas elevan los costos de entrada, desaniman a nuevos competidores y terminan creando las mismas fallas que se buscaba corregir.

 

Así el ciudadano queda atrapado en un sistema que parece diseñado para justificar planillas, no para resolver problemas. Por eso, las prioridades deben cambiar. Reducir duplicidades administrativas evitaría que varias oficinas hagan el mismo trabajo. Simplificar las normas permitiría que emprender no implique meses de trámites. Y poner límites claros al poder sancionador es esencial para impedir que una inspección o un proceso tributario se conviertan en una arbitrariedad.

 

Menos planilla y menos burocracia que justificar

 

Uno de los principales problemas del Estado peruano es la gran cantidad de entidades que realizan tareas similares o duplicadas, lo que encarece la planilla de su estructura y multiplica los trámites que deben enfrentar los ciudadanos. Esta superposición se observa con claridad en sectores como transporte, comercio o construcción: una empresa puede necesitar licencias municipales y, al mismo tiempo, recibir inspecciones paralelas de Produce, Minsa o el Minam. El resultado es un aparato que repite funciones y opera cada vez con mayor lentitud.

 

La duplicidad también se evidencia en programas sociales como Qali Warma, Juntos y Cuna Más, que mantienen cada uno sus propias oficinas administrativas, de logística y supervisión. Aunque persiguen objetivos distintos, diversos informes públicos han señalado que varias de sus tareas podrían integrarse para reducir planillas y optimizar recursos.

 

Esta estructura inflada tiene un costo significativo. Para 2026, el Estado proyecta destinar más de S/ 93 mil millones en planillas —un incremento de 12% respecto al año anterior— mientras reduce en 13% su inversión en obras. Esa desproporción refleja un aparato que crece sin mejorar su eficiencia y que sigue priorizando su propia manutención antes que los servicios que debería brindar.

 

Menos normas, menos impuestos y un laberinto administrativo más simple

 

El Perú genera una avalancha de normas reguladoras: ministerios, municipalidades y organismos fiscales lanzan disposiciones que se amontonan y a menudo se contradicen, complicando la vida de ciudadanos y emprendedores. Muchas ordenanzas locales, por ejemplo, exigen “certificados adicionales” o formatos propios para otorgar licencias, aun cuando la normativa nacional ya establece requisitos estándar. Esa proliferación normativa obliga a los empresarios a cumplir reglas redundantes o incompatibles entre sí.

 

La tramitología además es exorbitante: según el Índice de Burocracia 2025, abrir y poner en funcionamiento una empresa puede tomar hasta 9 meses en trámites, licencias y permisos. Esa carga envía a muchos emprendedores, especialmente a 8 de cada 10 MYPES, a optar por la informalidad, según cifras oficiales.

 

Además, el 90,6% de esas empresas considera que la excesiva carga tributaria y la fiscalización son barreras clave para formalizarse. Simplificar el sistema tributario, depurar las normas municipales redundantes y adoptar ventanillas digitales para los trámites serían medidas urgentes. Así se podría aliviar una regulación que hoy castiga más de lo que guía.

 

Un Estado con menos poder arbitrario frente al ciudadano

 

La brecha entre el ciudadano y las autoridades fiscalizadoras sigue siendo enorme. SUNAFIL, por ejemplo, recibió más de 56.800 denuncias en el primer semestre de 2025, una fiscalización masiva que no siempre se traduce en procedimientos sólidos. De hecho, varios casos muestran que algunas multas se imponen sin sustento suficiente y luego deben ser anuladas.

 

Un ejemplo es el de TEIR S.A.C., una empresa de tecnología industrial que recibió una multa de más de S/ 113 mil en abril de este año luego de ser acusada por SUNAFIL de no pagar remuneraciones convencionales, gratificaciones, bonificación extraordinaria, CTS y vacaciones. Sin embargo, al revisar la apelación, el Tribunal de Fiscalización Laboral detectó fallas graves en la inspección: el acta no explicaba adecuadamente cómo se verificaron esas supuestas infracciones, no analizaba correctamente los documentos entregados por la empresa y atribuía incumplimientos sin sustento detallado. El Tribunal declaró la nulidad parcial del procedimiento y dejó sin efecto la sanción.

 

Casos así revelan un patrón preocupante: SUNAFIL puede imponer multas que llegan hasta S/ 281.035, pero algunas se originan en procedimientos deficientes que afectan a empresas antes de verificarse si hubo realmente una infracción.

 

Para equilibrar la relación entre el Estado y el ciudadano, se necesitan reglas claras: presunción de buena fe, pruebas sólidas antes de sancionar, posibilidad de subsanar errores formales y procesos de apelación más rápidos. Solo así la fiscalización dejará de sentirse como un castigo automático y se convertirá en un sistema justo y confiable.