La masificación del gas viene esperando años y si bien se trata de acelerar su desarrollo, no se puede justificar la creación de un monopolio antinatural con el argumento (no comprobado) de la “velocidad”.

 

En noviembre de 2023 el Congreso, en una de esas muy buenas pocas decisiones que toma, aprobó de forma unánime el proyecto de Ley de Masificación del Gas que recoge años de análisis y algunos elementos que son clave para el desarrollo de este sector. Sin embargo, el Ejecutivo lo observó en diciembre, justo antes del final de la legislatura. Expliquemos el tema con más detalle.

 

La ley 679 generará un mecanismo de subsidio por el cual todos los usuarios de Lima y Callao pagaremos un extra en nuestros recibos de gas natural para colaborar con la masificación del gas en las regiones. Con este extra que aportaremos se creará un fondo que subsidiará la tarifa de hogares, comercios pequeños, pero también de industrias medianas que consumen hasta 3,700 balones de gas diarios (50,000 m3 al mes). Es decir, estaremos subsidiando no solo a los más pequeños sino incentivando la industria regional.

 

Este proyecto de ley aprobado excluye del subsidio, como debe ser, a las grandes industrias que superan ese consumo: empresas mineras, pesqueras, de industria alimentaria o de infraestructura que nunca pidieron este subsidio y que no lo necesitan.

 

Así, el mencionado fondo, que alimentará a su vez lo recaudado por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), alimentará la tremenda velocidad de tendido de ductos y redes que viene imprimiendo esta entidad, velocidad mucho mayor que la de los actuales concesionarios privados, que en un 99% son propiedad de dos grupos económicos que mantienen una posición de dominio en el sector.

 

¿Por qué fue observado el 679, entonces? ¿Quién podría estar en contra de una ley que parece razonable? Fue observado por un Ministerio de Energía y Minas, en ese momento liderado por Óscar Vera, un personaje que se dedicó intensamente a tratar de “meter” a Petroperú a dedo en cuanto negocio podía aparecer.

 

Pero el 679 también fue observado bajo la presión de un lobby privado sumamente extraño. El lobby de las empresas concesionarias actuales, que quieren aún incluir en el subsidio a las industrias más grandes del Perú, con la única intención de agrandar sus ganancias, y con la supuesta justificación de que, al incluirlas, el fondo sería más grande (por el mucho mayor consumo de la gran industria) y así ellas, dominantes en el mercado, podrían acelerar la inversión.

 

Al respecto, hay que ser muy claros. En el 2024, el FISE recolectará alrededor de 1,000 millones de soles. Y es el FISE el que ha conectado 1.1 millones de usuarios en Lima, mucho más rápido que el concesionario privado. Y es el FISE el que ha conectado más de 270,000 usuarios a nivel nacional solo en el año 2022. Y es el FISE el que contrata directamente a empresas constructoras ahorrando dinero a los contribuyentes, evitando intermediarios y evadiendo ganancias de privados que no tienen por qué ganar.

 

Pero vamos al fondo de este tema: el fin no justifica los medios. La masificación del gas viene esperando años y si bien se trata de acelerar su desarrollo, no se puede justificar la creación de un monopolio antinatural con el argumento (no comprobado) de la “velocidad”. Cualquier monopolio distorsiona los precios, la regulación y genera incentivos perversos en su relación con el Estado.

 

Así, la aprobación por insistencia de la Ley 679 es una obligación con millones de peruanos que no tienen gas natural a buen precio. Esta ley contiene un buen mecanismo de subsidio, previene cualquier posición de abuso, y genera las condiciones para que más empresas privadas puedan participar en igualdad de condiciones para tender redes de gas natural, generando competencia, libertad económica y como siempre, mayores beneficios para los consumidores.