Antauro Humala busca la Presidencia, a pesar de que fue condenado por homicidio simple, secuestro agravado, arrebato de arma de fuego y rebelión. Para el JNE, un proyecto de ley que evitaría que personas condenadas postulen a la Presidencia debe considerar principios de resocialización y el mandato de rehabilitación.

 

En el Congreso se viene analizando una serie de proyectos que evitarían que personas con antecedentes penales, condenas o sentencias por diversos delitos y comportamientos antidemocráticos sean candidatos a la Presidencia del Perú, sean parte de una fórmula presidencial o tienten postular a otros cargos de elección popular.

 

Uno de estos proyectos fue busca que los condenados por homicidio en diversas modalidades, secuestro y otros no puedan postular a la presidencia o vicepresidencia, aún si hubieran sido “rehabilitadas”, es decir, cumplido su condena. No cabe duda que su aprobación mejoraría el sistema político en el país, pues le sumaría transparencia a los procesos de inscripción de candidatos a los partidos políticos.

 

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sostienen que la propuesta debe considerar principios como el de resocialización y no vulnerar la presunción de inocencia. En esa línea, la postura de al entidad electoral remarca que se “requiere de un análisis a la luz del principio de resocialización, que comprende el mandato de rehabilitación, evaluando la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional”.

 

En ese contexto vale preguntarse si es posible que personajes como Antauro Humala sean capaces de ostentar la Presidencia, a pesar de hacer uso abierto de su comportamiento violento y su comportamiento que denotan su interés antidemocrático.

 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo aseguró que “se deberá analizar si la limitación a la participación política para aquellas personas que han cumplido efectivamente su condena, y que se encuentran rehabilitadas, vulnera el principio de presunción de inocencia, el derecho de incorporación del penado a la sociedad (principio de resocialización), así como el principio a la igualdad y no discriminación”

 

Por último, el Poder Judicial prefirió no opinar respecto al proyecto de ley, debido a que la institución tiene participación directa en los procesos judiciales de los candidatos investigados. Se reservan el derecho de pronunciarse al respecto por “no ser un tema que se encuentre dentro de nuestro ámbito de competencia o funciones de administración de justicia”.

 

Tras ser liberado, Humala Tasso admitió que “intentó capturar el poder vía armas”, no se mostró arrepentido por el Andahuaylazo y adelantó que una solución a la corrupción será “fusilar” expresidentes. A ello se suma la controversia en la que está metido por la inscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que tiene las siglas A.N.T.A.U.R.O., con la que buscará la Presidencia.

 

A pesar de las evidencias, expuestas por Vigilante.pe, Antauro niegan que exista una relación entre el exreo y el partido político. “He venido siendo permanentemente hostigado y atacado, pretendiendo vincularme con un partido que, en siglas, lleva mi nombre y aunque con o sin intención, esto puede significar un halago para mí, es un partido recién inscrito en el que no tengo participación alguna”, dijo Humala.

 

En medio de esta polémica, ¿es posible contar con funcionarios capaces de ejercer eficientemente la administración pública si se continúa permitiendo la postulación de candidatos con un rosario de sentencias e investigaciones? Recordemos que, en las elecciones generales 2021, el informe Perfil Electoral N.º 5 del JNE reveló que 125 candidatos contaban con sentencias civiles y 73 con sentencias penales declaradas. En las elecciones congresales de 2020, se tuvo un resultado similar con 229 postulantes con sentencias civiles y 186 con sentencias penales.