A los dos proyectos se suman otros 50 que suman más US$54 mil millones. Las cifras son claras. Según IPE, poner en marcha la cartera de proyectos mineros permitirá reducir drásticamente la pobreza,  generar un impacto equivalente al 226% del PBI y fomentar la generación de empleo.

 

Es esencial sacar adelante los 52 proyectos mineros que están en cartera ubicados en La Libertad, Moquegua, Junín, Áncash, Pasco, Lima, Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Piura, Lambayeque, Amazonas, Cusco, Huancavelica, Puno y Huánuco, y que suman más de 54 mil millones de dólares. Entre ellos, el proyecto Conga en Cajamarca, valorizado en 4800 millones; y el proyecto Tía María en Arequipa, valorizado en 1400 millones.

 

¿Destrabar estos proyectos generarán empleo y reducirán la pobreza? Las cifras son claras, sí. Un informe del Instituto Peruano de Economía así lo revela. El Gerente de Políticas Públicas de IPE, Víctor Fuentes, sostuvo que “poner en marcha la cartera de proyectos mineros (más de US$50mil millones) permitirá reducir drásticamente la pobreza, luego generar un impacto equivalente al 226% del PBI, 117% de la recaudación fiscal y la generación de empleo”.

 

En esa línea, Fuentes remarcó que la “ejecución de proyectos mineros permitirá que el Perú vuelva a crecer por lo menos 4%. Para ello, es clave reducir la tramitología, prevenir la conflictividad, combatir la minería ilegal y las extorsiones, y asegurar un uso adecuado de los impuestos que ya paga la minería”.

 

Por su parte, el exministro de Economía y Finanza, Alfredo Thorne, resaltó que el Perú tiene grandes ventajas de progreso si el Ministerio de Energía y Minas (Minem) logra destrabar proyectos importantes del sector como Tía María.

 

En la misma línea se encuentra Conga, que años atrás se trabó debido a las protestas en contra del proyecto. Si el Minem impulsa la inversión privada y reúne esfuerzos para que estas unidades inicien sus operaciones, las exportaciones de cobre, oro y molibdeno podrían generar ganancias de hasta USD 4,500 millones para el país.

 

De acuerdo a lo mencionado por Thorne, muchos proyectos mineros no solo se paralizan por conflictos sociales, sino que los trámites burocráticos desincentivar la inversión en el sector debido a los extensos periodos de tiempo que deben transcurrir para que una empresa obtenga la autorización para iniciar con la exploración y explotación de minerales.

 

La tramitología minera le sale caro al Perú y es un dolor de cabeza para los inversionistas. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), una compañía debe pasar por 232 procedimientos administrativos para obtener el visto bueno. Esto genera pérdidas de S/698 296 millones para el PBI nacional y reduce la recaudación tributaria en aproximadamente S/122 689 millones.