A un paso del monopolio en la masificación del gas. Empresas privadas buscan encargarse del proceso de masificación en siete regiones afirmando que es positivo para el país, pero no cuentan la historia detrás: beneficiar con un subsidio a las grandes empresas y forjar un monopolio del gas.

El proyecto de ley 679,  Ley de Masificación del Gas, fue aprobado por el Congreso el 14 de noviembre del 2023. Esta Ley creó un mecanismo de subsidio por el cual todos los usuarios de Lima y Callao pagarán un extra en los recibos de gas natural, para colaborar con la masificación a nivel nacional, aportando al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) con el cual se subsidiará la tarifa de hogares, industrias pequeñas y medianas que consuman hasta 3,700 balones de gas diarios (50,000 m³ al mes) y servirá para construir redes, ductos y conexiones domiciliarias.

 

Sin embargo, en diciembre del 2023, el Ejecutivo observó la Ley por dos razones. La primera es porque el exministro de Energía y Minas, Óscar Vera, intentó meter a Petroperú a dedo. Es decir, se incluyó a la petrolera estatal para que concursara y compitiera con las empresas privadas.

La Concesión Sur Oeste a cargo de Petroperú cuenta con 12,895 clientes conectados en Arequipa, Moquegua y Tacna. Desde junio de 2021 hasta la actualidad, no se ha evidenciado un aumento.

 

Hoy la masificación del gas natural está en peligro porque esos mismos intereses privados quieren insistir en incluir a la gran empresa en el subsidio que pagarán todos los peruanos, con la supuesta justificación de que, al incluirlas, el fondo sería más grande (por el mucho mayor consumo de la gran industria) y así estas empresas, las dos empresas colombianas que tienen el monopolio del gas, podrían acelerar o darle velocidad a la inversión. O sea, a mayor cantidad de dinero que ingrese al FISE, mayor será la velocidad de la masificación del gas.

 

¿Es esto cierto? Veamos. El FISE recauda dinero del consumo de electricidad, gas natural e hidrocarburos líquidos de todos los contribuyentes. Este mismo fondo permitió darle velocidad a la masificación del gas en los últimos años. Por ejemplo, de los 1.9 millones de hogares en Lima conectados a redes de gas natural, 1.1 millones son hogares conectados gracias al FISE. Además, en 2023, financió más de 300,000 conexiones fuera de Lima e implementó 1,100 km de redes de distribución de gas con una inversión de más de S/700 millones. Por lo tanto, no es correcto que la velocidad de la masificación sea impulsada por las empresas privadas.

Los fondos recaudados del FISE más el mecanismo de aporte extraordinario de los usuarios de Lima y Callao, que impulsa la ley de masificación, generarán las condiciones necesarias para que diversas empresas privadas puedan participar en igualdad de condiciones para tender redes de gas natural, generando competencia, libertad económica y como siempre, mayores beneficios para los consumidores.

A pesar de ello, la empresa Cálidda, propiedad de los dos grupos económicos monopólicos en Perú, vendría empujando desesperadamente una asociación público – privada (APP) con el Ministerio de Energía y Minas, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y ProInversión para hacerse cargo del proyecto de masificación.

Por si fuera poco, la misma empresa pidió una adenda para monopolizar la masificación en siete regiones (Junín, Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Huancavelica) y extender por 10 años más su contrato en Lima y Callao. Está solicitud está en evaluación en ProInversión.

En su desesperación por cerrar el tema, Cálidda ya realizó una serie de eventos en diversas regiones, siendo la última en Cusco, anunciando lo positivo de que se encarguen de la masificación. Lo que no estarían contando es la otra cara de la historia y la aparición del monopolio que tanto ansiarían. De concretarse, Promigas y Grupo Energía Bogotá, propietarias de Cálidda, tendrían el monopolio del gas en Perú, lo que no está contemplado en el modelo de desarrollo de este sector.

En un monopolio se distorsiona, se fija o se condiciona los precios y, por lo tanto, o pierde el Estado o pierde el consumidor o contribuyente. Además, se empieza a instaurar o negociar reglas de juego “ad hoc” que se adaptan a su propio funcionamiento y se generan automáticamente barreras de entrada a nuevos competidores. ¿Esto es lo que queremos para la masificación del gas en el Perú?