·         Continúan acciones de fiscalización contra la venta ambulatoria de chips móviles.

·         El robo de datos personales es una problemática compleja que requiere participación de Mininter, Minjus, Reniec, Migraciones, Ministerio Público, Poder Judicial y del Congreso, entre otros actores.

 

Las empresas operadoras del servicio móvil fueron multadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) con más de 66 millones de soles, entre los años 2020 y 2023, por incumplir normas de contratación del servicio público móvil, como incurrir en la venta ambulatoria de chips, actividad que está prohibida por el regulador y por la Ley n.° 31839.

 

Así lo afirmó el presidente ejecutivo del OSIPTEL, Rafael Muente Schwarz, durante su presentación ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, donde explicó las medidas adoptadas por el regulador para combatir los delitos asociados a la suplantación de identidad en la contratación de servicios.

 

De la cifra total, reveló que, en dicho periodo, Movistar sumó 19.53 millones de soles, le sigue Claro, empresa que totalizó 17.41 millones de soles en multas. Bitel y Entel acumularon 15.61 y 13.83 millones de soles en multas, respectivamente. “Sin embargo, hay operadoras que señalan que el regulador sanciona demasiado y, en muchos casos, persisten con la venta ambulatoria”, expresó.

 

“Se sigue desoyendo las normas del OSIPTEL y de la propia ley dada por el Congreso”, señaló el titular del regulador, quien añadió que lamentablemente el Congreso no quiso incluir en la Ley la responsabilidad penal para aquellas personas que facilitan promuevan o autorizan la venta ambulatoria, pese que se tratan de actividades delictivas.

 

Muente aseguró que la venta ambulatoria de chips móviles facilita el robo de la información personal y está relacionado al incremento de los delitos informáticos y la suplantación de la identidad. Pero, advirtió que el robo de datos personales es una problemática compleja que debe ser atendida con una mirada integral.

 

“El robo de identidad, como ocurre con las huellas dactilares, es la fuente de estos actos delictivos y se da de diversas formas, por ello requiere la participación de actores involucrados en esta problemática: el Ministerio de Justicia, la Autoridad de Datos Personales, el Congreso de la República, el Ministerio del Interior, Migraciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otros”, detalló.

 

Por ejemplo, manifestó que la venta de chips en las calles requiere el uso de huelleros, que no están certificados. “Estos huelleros se consiguen solo por 20 soles, y pueden ser utilizados para obtener la huella dactilar de un usuario, abriendo líneas a su nombre sin que lo sepa. Reniec tiene el encargo de hacer una certificación y de establecer cuáles son los requisitos para su uso”, refirió. Además, es necesario que el Ministerio Público realice la incautación de chips que se comercializan en la vía pública.

 

También apuntó que falta una cultura de protección de datos personales. “Los usuarios entregan con facilidad sus datos, DNI o huella, sin advertir el peligro de apropiación por parte de terceros. Incluso podrían realizar una impresión de nuestra huella dactilar del DNI para sacar los moldes de silicona a fin de usurpar nuestra identidad”, dijo.

 

Lucha contra venta ambulatoria

En otro momento de su intervención, el representante del ente regulador aseguró que se encuentran en las calles luchando contra la venta ambulatoria de chips móviles, pues no garantiza que se sigan los protocolos de seguridad necesarios para la contratación de una línea móvil. Sin embargo, se enfrentan a “decisiones empresariales”.

 

“La responsabilidad (de la venta de chips en la vía pública) no es del ambulante. ¿Quién les da los chips, de dónde los sacan? De un distribuidor de las operadoras. Por lo tanto, esto nace por una decisión comercial de las empresas operadoras, y si no lo queremos ver así esta problemática social va a seguir dando vueltas”, indicó. Remarcó que las operadoras prestan un servicio público en representación del Estado y en mérito a la concesión otorgada, son responsables de todo el proceso de contratación frente a sus usuarios, incluso si recurren a socios comerciales o distribuidores.

 

El funcionario del OSIPTEL añadió que el tema de la seguridad en la contratación del servicio móvil es un tema medular y de gran importancia. Por eso, el ente regulador se encuentra realizando fiscalización permanente y viene aplicando diversas medidas y sanciones. En 2023, participaron en 55 operativos conjuntos con el Ministerio Público, Policía Nacional y Municipalidades para la lucha contra la venta ambulatoria de chips y comercio ilegal de equipos a nivel nacional. Este 2024, desde febrero, ya se han realizado, además, 12 operativos.

 

Entre 2023 y 2024 también se atendieron diversos requerimientos de información solicitados por el Ministerio Público. Fueron, en total, 26 pedidos.